
Ante el inminente cierre del año fiscal, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumió finanzas estatales sanas y aseguró estar completamente listo para cumplir con aguinaldos, pensiones y compromisos con proveedores; sin embargo, aprovechó para deslindarse de la crisis económica que ya se avecina en al menos nueve o diez municipios del estado. El mandatario atribuyó esta problemática a una supuesta falta de planeación de las administraciones municipales, argumentando que, aunque en años anteriores el estado les retenía una “vaquita” presupuestal para garantizarles el pago de fin de año, los alcaldes exigieron recibir sus recursos completos bajo la promesa de organizarse por sí mismos. Con este discurso, el Ejecutivo estatal lava las manos de su administración frente a las solicitudes de adelantos y préstamos, dejando a los ayuntamientos sin un colchón financiero de respaldo.No obstante, esta narrativa gubernamental omite la asfixia presupuestal y la centralización de recursos que el propio estado ha venido operando, donde la autonomía municipal se debilita bajo el pretexto de una mala administración local. Al recortar o negar los apoyos extraordinarios y escudarse en que “no valió gorro” el acuerdo previo, el gobierno estatal adopta una postura displicente ante una crisis que impactará directamente en las familias de los trabajadores municipales que se queden sin aguinaldo. Lejos de tender puentes de colaboración financiera para cerrar el año de forma estable, la administración de Gallardo prefiere el reproche político y el control de los dineros, exhibiendo una pinza económica donde los municipios terminan pagando las consecuencias de una planeación centralizada y sin empatía institucional.
